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Investigan actos de corrupción en Fiscalía Estatal y Seguridad Pública

Desde junio de 2017 la Auditoría Superior de la Federación advirtió sobre serias deficiencias administrativas, programáticas y en el uso y destino de recursos federalizados dispersados a través del ramo 33 a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia destinados a gastos operativos diversos que registran altos índices de opacidad en su aplicación final.En ambos casos, el máximo ente fiscalizador de México inició procedimientos sancionatorios y ordenó a la Contraloría estatal investigar posibles irregularidades y, en su caso, fincar las responsabilidades a los titulares, Adolfo García Morales y Rodolfo Montes de Oca Mena, desde mucho tiempo atrás que estos presentaran su renuncia “por motivos personales”.
En la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 16-A-26000-02-1503 al rubro “adquisiciones” de la Fiscalía General de Justicia, financiados con recursos de Participaciones Federales a través de convenios con entidades federales en el ejercicio fiscal 2016 y primer trimestre del 2017, dispersados a través de la Secretaría de Hacienda Estatal, la Auditoría Superior de la Federación descubrió diversas irregularidades en el ejercicio del gasto asignado a través del ramo 28.
Los sabuesos de la ASF lograron constatar el incumplimiento de la normativa en la adquisición de 25 vehículos contratados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en beneficio de un proveedor particular por instrucciones del titular de la Fiscalía General de Justicia y sin mediar convocatoria respectiva para conocer propuestas de precios de los vehículos a adquirir.
No obstante que la Fiscalía General presentó el dictamen de excepción a la licitación pública, éste no fue debidamente fundado y motivado, sino que fue por decisión personal del titular de la Fiscalía, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación haya emitido la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que instruye a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora a realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, finque procedimiento administrativo correspondiente a las irregularidades cometidas por Montes de Oca Mena y otros servidores públicos que pudieron participar en la omisión a la licitación para la adquisición de los 25 vehículos.
Extraoficialmente ha trascendido en la Fiscalía General que los 25 vehículos habrían sido adquiridos a principios del 2017 en una agencia automotriz con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México.
En la Secretaría de Seguridad Publica de Sonora también la ASF ha dado cuenta de múltiples irregularidades en los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios, mal uso de recursos del ramo 33 y en las atribuciones y funciones ejercidas por el hoy ex titular.
El mar de irregularidades fue descubierto en la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño con número de folio 16-A-26000-14-1514, aplicada a la cuenta pública 2016 y primer trimestre del 2017, a esta secretaría que dirigió, hasta este 05 de octubre de 2018, Adolfo García Morales.
En esta revisión, se asignó una calificación de 4.2 por ciento de una escala de cien a la Secretaría de Seguridad Publica al no alcanzar en los primeros tres años de gestión de Claudia Pavlovich subir arriba del 45 por ciento en las metas programadas y tras demostrar haber ejercido los recursos presupuestales en forma indisciplinada y sin proyectos a seguir, lo que derivó en los altos índices de delincuencia y criminalidad que vive el estado el día de hoy.
La ASF registró en el ejercicio fiscalizado insuficiencia en la dependencia responsable de la seguridad publica en el estado, principalmente por recursos omitidos o mal ejercidos en Programas con Prioridad Nacional entre los que destaca, “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” e “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”.
Lo anterior es resultado de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que, al 31 de diciembre de 2016 y al primer trimestre de 2017, sólo se ejerció y pagó el 66.8% y 80.5%, respectivamente, del total de los recursos transferidos del gobierno federal.
En la revisión precitada, la ASF también descubrió que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP-ramo 33)destinado a Sonora, se pagaron 103.5 millones de pesos mediante un contrato de arrendamiento financiero para adquirir 69 unidades sedán y 285 unidades pickup, que totalizan 354 unidades automotrices equipadas como patrulla, mediante el procedimiento irregular de adjudicación directa a un proveedor particular, cuando la ley establece que debe ser por licitación pública.
La ASF determinó que en aun cuando la SSP de Sonora presentó un dictamen de excepción a la licitación pública, este no estuvo debidamente fundado, ni motivado, por lo que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, además que la dependencia no presentó el estudio de factibilidad que justificara el arrendamiento vehicular; es decir, no recibió cotizaciones de varias distribuidoras, sino que unilateralmente el titular de la oficina eligió el proveedor.
Ante ello, el máximo ente fiscalizador de la nación instruyó a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para que iniciara un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, se integró el expediente número AII006/ASF/2017.
Por otro lado, con la revisión de la partida específica “Vehículo”, la ASF constató que se pagaron 16.4 millones de pesos, para la adquisición de otras 53 unidades automotrices, mediante un contrato de adquisiciones por adjudicación directa, mismo que contó con el dictamen de excepción a la licitación; sin embargo, no se encuentra debidamente fundado, ni motivado y, por lo tanto, la adquisición se hizo al margen de la ley.
Como resultado de la inspección física y de la documentación comprobatoria se constató que el proveedor entregó los bienes en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado; asimismo, las 52 unidades adquiridas se encuentran en operación, cuentan con su resguardo, número de inventario y fueron destinados a los fines del fondo; asimismo, un vehículo está dañado y en proceso de recuperación ante la aseguradora.
La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, anexó el caso al expediente núm. AII006/ASF/2017.
De la observación 16-A-26000-14-1514-06-002, la ASF presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 43,935,616.48 pesos (cuarenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos generados, por la falta de aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016, que el Gobierno del estado de Sonora, no pudo demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2017 en los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Como es de observar, la titular del poder ejecutivo del estado no solo hizo caso omiso a las observaciones derivadas de auditorías aplicadas por la ASF sobre las cuentas públicas 2016 y el primer trimestre del 2017 a la administración que encabeza, en especial del ejercicio del gasto federalizado vía Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, sino que mantuvo en el cargo a los funcionarios involucrados como premio a la ineficacia y la deshonestidad.
En otra arista, es evidente que la Contraloría se reusó a fincar responsabilidad a servidores públicos que ejercieron irregularmente el gasto federalizado y violaron la ley de adquisiciones, como así se lo instruyó la ASF, o si acaso las fincó, ha omitido informarlo pública y abiertamente, además que la responsabilidad no recayó en los titulares de la SSP y la Fiscalía General de Justicia directamente, puesto que la renuncia aceptada días atrás por la titular el ejecutivo, no se informa que fueron separados del cargo para someterse al imperio de la ley, sino que su dimisión es “por motivos personales”.
Las reflexiones de algunos estudiosos del derecho público respecto a la responsabilidad de un servidor publico ante cualquier irregularidad o ilicito cometido por él, que, por su naturaleza, afecta jurídicamente a terceros, suele ubicar al acto de aceptación de renunica al cargo del sujeto a investigación administrativa, como “el primer grán paso” a la impunidad, prohijada desde la autoridad misma ante el hecho de aceptar una dimisión unilateral del sujeto activo en la controversia.
“La columna vertebral del Informe de Presunta Responsabilidad (IPR) que elabora la autoridad investigadora radica en acreditar por los medios de convicción necesarios la comisión de tal falta administrativa y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable. Lo que se busca acreditar es un hecho (objeto) traducido en una falta administrativa y quién fue el que la cometió (sujeto).
Objeto y sujeto que deben constituir una simbiosis jurídica, pues si faltara uno de ellos, como categoría jurídica no tendría razón de ser el IPR, que viene a ser el ejercicio de la acción de responsabilidad y, por ende, el procedimiento de responsabilidades administrativas.
Lo anterior, ya que un acto humano aislado sin identificar al sujeto que lo realizó carece de nombre, y si produce consecuencias jurídicas que afectan a terceros es un acto impune por naturaleza propia”.
Conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación
(Extracto textual del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016-2017)
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1514:
Se determinaron 22 observaciones, de las cuales, 15 fueron solventadas por la SSP durante la auditoría realizada; en 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones.
En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el correcto avance del ejercicio del gasto, como lo establece la norma; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora.
En conclusión, el estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, con base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en 2016, del estado de Sonora, tuvieron una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias, principalmente en los Programas con Prioridad Nacional:
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial e Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios. Tomado de Dossier Politico.