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Fiscal General de Justicia y secretario de Seguridad de Sonora, al borde de la destitución por caso “Pancho Platas”

Agencia Proceso
HERMOSILLO, Son. (apro).- El fiscal general Rodolfo Montes de Oca y el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, se encuentran al borde de la destitución por encubrir la ilegal detención de Francisco Monge Araiza, exoperador político y gubernamental de Guillermo Padrés.
Según consta en la ejecutoria de amparo 156/2018 resuelto por el juez primero de distrito radicado en esta capital, el fiscal fue ordenado a investigar al secretario de Seguridad y, en un periodo de 30 días, presentar los resultados a la autoridad judicial.
Pese al mandato que venció a finales de abril pasado, Montes de Oca se mantiene reticente a obedecer al juez, lo que significa que ha caído en desacato sólo por proteger a García Morales.
Montes de Oca se encuentra en medio de una encrucijada: pronunciarse contra su par burocrático en la ilegal detención de “Pancho Platas”, como lo consigna la sentencia de la causa penal 140/2016, o desacatar la orden judicial que lo tiene al borde de la destitución, debido a que durante el proceso del exfuncionario padrecista, él mismo atrajo la investigación a la Fiscalía estatal por considerarla de supuesto “interés social”.
En el caso del mando policiaco, Adolfo García Morales, su potencial destitución se debe a que se niega a rendir su informe de autoridad porque esto le supondría revelar los nombre de quién encabezó el operativo y los elementos de policías estatales que ejecutaron la ilegal detención del político sonorense oriundo de Moctezuma, Sonora.
Apro tuvo acceso a la sentencia absolutoria, la ejecutoria de amparo y a la apelación tramitada por “Pancho Platas” y el despacho Regino Abogados, porque el señalado y su bufete jurídico solicitaron el derecho de réplica, luego que esta casa de noticias publicó el 12 de septiembre de 2016 el reportaje: “Pancho Platas”, el exfuncionario de Padrés que saqueó hasta juegos infantiles.
Francisco Monge Araiza, excoordinador general del Consejo General de Concertación para la Obra Pública, ha vivido dos años de maltratos, vejaciones y falsas acusaciones.
Desde el 11 de septiembre de 2016 a la fecha, el controvertido político ha entrado y salido dos veces a la cárcel, se le imputaron los delitos de portación de un arma de fuego calibre 7.65 milímetros, 20 gramos de la droga sintética conocida como “cristal”, así como de intentar sobornar a los agentes aprehensores con 3.5 millones de pesos.
El caso formulado por la delegación sonorense de la Procuraduría General de la República (PGR) resultó una falacia, como consta en la apelación 49/2018 resuelto por el Sexto Tribunal Unitario del Quinto Circuito.
La detención
“Pancho Platas” fue retenido ilegalmente al interior de su vivienda la madrugada del 11 de septiembre en su residencia de Bacadehuachi, Sonora, y no mientras circulaba en las calles de ese poblado, como informaron falsamente las autoridades.
Cuando lo esposaron en el cuarto principal de su residencia, los agentes -aún sin identificar- le gritaron frente a su esposa que se trataba de un “secuestro” y le exigían que entregara 300 millones de pesos o lo “desaparecerían en ácido”. Le dijeron que, de negarse a entregar dicha cantidad, arremeterían contra su familia, como es posible ver y escuchar en la audiencia pública del 2 de marzo de 2018 registrada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado Sonora.
Durante una hora y 22 minutos, Monge Araiza relató a la juez las tropelías cometidas en su contra. Bajo juramento, señaló que los autores materiales de esta ilegal retención fueron Humberto Robles, el priista que busca la diputación federal por el segundo distrito sonorense y primo del actual secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.
También señaló a Joaquín Jaime Moreno, el alcalde de Bacadehuachi de extracción priista.
“Pancho Platas” reseñó que lo golpearon al detenerlo, durante el trayecto, al llegar a la delegación de PGR y en dos ocasiones mientras estuvo detenido en el Cefereso 11, donde purgó cuatro meses de prisión preventiva por crímenes que no cometió.
Al cabo de 18 meses de juicio y argucias legales de parte de PGR, el exfuncionario padrecista obtuvo sentencia absolutoria por “duda razonable”, porque las pruebas aportadas por la fiscalía mexicana en ningún momento coincidieron en lo dicho con los hechos.
Aún más. La defensa a cargo del abogado Gabriel Regino García interpuso un recurso de apelación ante el Sexto Tribunal Unitario por estar inconforme con el fallo de “duda razonable” y esta autoridad judicial le concedió la razón a “Pancho Platas” y modificó la sentencia de “absolución por exclusión de prueba ilícita”, con lo que se confirmó que la aprehensión fue completamente ilegal.
Francisco Monge Araiza dijo a Apro que llevará su defensa hasta sus últimas consecuencias, hasta saber la identidad de los individuos que allanaron su vivienda en 2016, lo amenazaron de muerte frente a su esposa que en esos días tenía dos meses embarazo y las autoridades que le robaron dos años de su vida al fabricarle un delito.